Noticias Ingeniería Informática: El CPIIA responde al comunicado del Defensor del Pueblo

El CPIIA y el CPITIA han analizado la carta que el Defensor del Pueblo está enviando a los ingenieros e ingenieros técnicos en informática en respuesta a las reivindicaciones que se hicieron el pasado año. La carta da traslado oficial a la posición del Gobierno en contra de la regulación de las profesiones de ingenieros e ingenieros técnicos en informática. La única novedad es que se expresa de forma oficial y por escrito esas intenciones sustituyendo a las numerosas declaraciones verbales que desde diferentes fuentes se han vertido durante el último año y que solamente buscaban la dilatación en el tiempo y consiguiente desgaste y desactivación de nuestras reivindicaciones.
Sobre los argumentos del Gobierno, el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía y el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía desean expresar lo siguiente:
No es pertinente regular la profesión porque los consumidores no requieren especial protección al no estar en riesgo su salud o seguridad personal. El Gobierno no considera que la ingeniería en informática tenga importancia alguna en la garantía de la seguridad de los ciudadanos. El Gobierno ignora al sentido común pues de forma interesada argumenta en contra de lo que es obvio: nuestra sociedad actual se basa mayoriatariamente en sistema informáticos para su actividad diaria de toda índole. La ausencia de garantías en la cualificación y la responsabilidad de los profesionales que desarrollan, construyen y gestionan los sistemas informáticos pone directamente en peligro a la sociedad que depende de ellos.
Los ingenieros en informática no prestan sus servicios de forma directa a los consumidores. El Gobierno ignora que hoy día los ingenieros en informática prestamos igualmente nuestros servicios de forma directa a los ciudadanos y que estos servicios son críticos en la mayoría de los casos. El Gobieno ignora que por ejemplo en la actualidad se juzga a los ciudadanos por cuestiones relacionadas con la ingeniería en informática y que las decisiones que toma un juez se basan en muchísimos casos en los informes periciales que realizan ingenieros en informática. El Gobierno ignora que la seguridad de los sistemas informáticos depende en gran medida de auditorías que realizan directamente ingenieros en informática. El Gobierno ignora que la valoración económica de muchas empresas en situación concursal depende de la valoración que directamente un ingeniero en informática hace de sus sistemas informáticos. El Gobierno ignora que la protección de datos personales dependen de las medidas de seguridad que dispone un ingeniero en informática que ejerce esa actividad directamente. El Gobierno en definitiva ignora todo aquello que le interesa ignorar.
La regulación perjudicaría los legítimos intereses de otros “profesionales” que hoy compiten en el mercado. El Gobierno no considera que nuestros intereses sean legítimos. El ingeniero en informática se forma y esfuerza para nada. Basta que cualquier persona se proclame "profesional" de la ingeniería en informática para legitimar sus intereses y deslegitimar los nuestros. El Gobierno lo que está realmente legitimando es el intrusismo profesional en la ingeniería en informática. Soprende la utilización del término "profesional" cuando no existe profesión alguna por no haber atribuciones legalmente establecidas para ello. El Gobierno utiliza el término "profesional" de forma ambigua y en su interés particular.
Se aboga por una solución global para el conjunto de las ingenierías ya que no responden al interés general y segmentan el mercado injustificadamente. Considerar que cualquier persona va a poder realizar y responsabilizarse de proyectos de cualquier ingeniería sin tener la cualificación universitaria específica para ello es una utopía que no es aceptada por la sociedad y que responde a intereses particulares de personas que pretenden convertirse en ingenieros en informática sin haber demostrado oficialmente su cualificación. En nuestro país existe un sistema educativo que debe servir para algo y que ofrece las mismas oportunidades para todo el mundo. Si alguien quiere estudiar algunas de las ingenierías en informática lo puede hacer. Si cualquier ciudadano descubre en el ejercicio de su actividad una nueva vocación o necesidad formativa, dispone de la posibilidad de realizar los estudios universitarios adecuados para dotarse de la imprescindible cualificación necesaria para el ejercicio profesional. En definitiva, pensar que cualquier ingeniero de cualquier disciplina va a poder ejercer cualquier otra sin demostrar su cualificación, no sólo no es creible si no que atenta directamente contra las garantías que debe tener la sociedad respecto al ejercicio profesional. Peor aún es la realidad actual en que supuestos "profesionales" que tratan de realizar actividades relacionadas con la ingeniería en informática ni si quiera tienen cualificación universitaria o sus cualificaciones nada tienen que ver con disciplinas cercanas a la ingeniería que para el caso es lo mismo.
No cabe la aprobación de Órdenes Ministeriales que establezcan los requisitos para la verificación de los títulos oficiales por no tratarse de una profesión regulada. De nuevo el Gobierno utiliza el círculo vicioso de las atribuciones para hacer desaparecer a la ingeniería en informática que verá como sus estudios universitarios comenzarán a perder la consideración que hoy tienen por no conducir a ninguna profesión que no pueda obtenerse , ya no por otros estudios, si no por autoproclamación. El Gobierno ha apostado por la dispersión de títulos para evitar una identificación clara de la ingeniería en informática. La estrategia basada en el "divide y vencerás" persigue claramente imponer el concepto de transversalidad por el cual no tendría sentido la existencia de una disciplina perfectamente identificable como ha sido hasta ahora la ingeniería en informática. El Gobierno pretende que la informática (ya sin el término ingeniería) acabe con el tiempo diluida en el resto de las ingenierías.
Al no estar regulada la profesión los Consejos de Colegios se considerarán asociaciones de profesionales. El Gobierno deslegitima así a las Corporaciones de Derecho público que se encuentran reconocidas en la propia Constitución y expresa literalmente su falta de respeto y reconocimiento de las instituciones que nos representan. De nuevo el Gobierno utiliza el término "profesionales" cuando no existen atribuciones que definan profesión alguna.
Los Colegios Profesionales no son las únicas entidades legitimadas para la representación de los intereses profesionales. El Gobierno reincide en la idea de que cualquier entidad que se autoproclame competente en materia de ingeniería en informática en base a criterios particulares se dotará de representatividad profesional. Si los Colegios Profesionales no podemos ni si quiera hacer honor a nuestra denominación porque carecemos de profesión, qué sentido tendría esas supuestas entidades y en base a qué criterios representarían a esos supuestos profesionales de la ingeniería en informática. En este caso se legitima claramente el intrusismo profesional de forma colectiva.