Un error en el sistema informático de los Mossos d'Esquadra fue el responsable de que un ciudadano rumano, Gabriel Anghel, de 34 años, residente en Salou (Tarragona), pasara veinte horas en el calabozo, noche incluida, por, supuestamente, quebrantar una orden cautelar de alejamiento respecto de su pareja. Orden que había sido derogada once meses atrás por el Juzgado de lo Penal número 4 de Tarragona.
Al parecer, un defecto en el flujo de información entre los Juzgados y los Mossos d'Esquadra ha ocasionado que la orden de alejamiento, pese a haber sido derogada hace once meses, aparezca como plenamente vigente en el sistema informático de los Mossos, motivo por el cual este ciudadano podría volver a ser detenido en cualquier momento. La situación no deja de ser una paradoja, pues un sistema informático desarrollado para proporcionar seguridad a los ciudadanos se convierte en un sistema que proporciona todo lo contrario: inseguridad jurídica.
Episodios lamentables como éste ocurren mientras el Gobierno insiste en que los ciudadanos no merecen una especial protección frente a la actuación de los sistemas informáticos, al no estar sujetos a daños graves e irreversibles en su salud o seguridad personal. Sin duda, no pensará lo mismo este ciudadano, que se ha visto privado de su libertad, uno de los derechos más fundamentales en cualquier democracia, y que ha de vivir con el miedo constante a volver a ser injusta y arbitrariamente detenido. Y todo ello porque la clase política gobernante ha decidido dar la espalda a la ciudadanía y dejarla a expensas de los errores ocasionados por sistemas informáticos desarrollados por profesionales sin la debida cualificación y sin que se les pueda exigir responsabilidad de ningún tipo.
Fuente: CPIIA
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